SIIII SEÑOR!!!! 
La dictadura militar del general Videla (1976-1981) se caracterizó por una agresiva política de endeudamiento del Estado y de las empresas públicas. El endeudamiento de Argentina era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban detrás de la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito multimillonario a Argentina y declaró a los bancos occidentales que este país era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares [1]. La dictadura justificó el endeudamiento irracional alegando su necesidad de divisas fuertes para sostener el descabellado aumento de las importaciones, especialmente de armas (compradas a los mismos países y empresas que promovieron el golpe militar y el endeudamiento). Sin embargo, las fortunas enviadas por capitalistas argentinos a países occidentales y paraísos fiscales durante la dictadura suman más que el total de deudas contraídas por Argentina en ese periodo.
Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de US$ a más de 170.000 millones [2]. Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de US$ en el mismo período, pero la deuda sigue creciendo debido sobre todo a la fuerte subida de intereses decidida por Reagan y Thatcher a comienzo de los 80s.
La dictadura provocó deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno para su privatización. Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy perteneciente a Repsol-YPF) fue forzada a endeudarse en el exterior, pese a no necesitarlo en absoluto. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF era de 372 millones de US$. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de US$. Casi todos los créditos quedaron en manos de la dictadura, que además redujo a la mitad las comisiones que iban a YPF por la venta de combustibles para aumentar sus ingresos. YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, podía haberse dotado de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus tres refinerías ya existentes. Al final de la dictadura, YPF estaba asfixiada por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.
De manera general, los créditos multimillonarios contratados por el Estado o las empresas públicas con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. En 1979 el 83% de estas reservas estaban fuera del país. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. El Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domingo Cavallo, que luego fue ministro de economía con Carlos Menem (del partido peronista) y con De la Rúa (del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de 1976 a 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros [3].
Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias) de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El estado argentino asumió también las deudas contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con bancos internacionales, fácilmente fabricables por un juego de contratos ficticios. Sólo se mantuvieron las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas, por lo que Menem esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, previa transferencia de las deudas al Estado.
Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura no sólo se beneficiaron de la misma clemencia, sino que la mayoría mantuvieron sus puestos y muchos fueron promocionados. Tras la dictadura se creó una comisión parlamentaria para investigar el saqueo del país, que fue disuelta por el mismo Alfonsín pues sus resultados hubieran desacreditado su política económica, que ya había estatizado la deuda privada. Pero una querella presentada por el periodista Alejandro Olmos en 1982 permitió que, 18 años más tarde, la Corte Suprema dictaminase que la deuda tiene por origen un mecanismo de dilapidación y desvío de fondos del que son responsables el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional, los banco privados del Norte y la Reserva Federal de EE.UU.
La sentencia (del 13 de julio del 2000) revela que el Estado asumió las deudas de 26 bancos con los que el mismo Estado argentino estaba endeudado, tales como Citibank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc. Señala que "la deuda externa (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día" (p. 195). La Corte Suprema declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar su anulación. El Congreso ignoró la recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician del pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones, liquidando a precios de saldo una gran parte del patrimonio colectivo por su "endeudamiento", un argumento ridículo dado que el Estado asumió esas deudas antes de privatizar las empresas públicas. Nuevamente, miles de millones de dólares fueron transferidos a manos privadas (generalmente norteamericanas y españolas) a través de la colectivización de pérdidas para privatizar beneficios y de manipulaciones que sólo pueden ser descritas como rapiña de bienes públicos. Por ejemplo, la empresa Merril Lynch, a quien Menem encargó la tasación de YPF, redujo deliberadamente en su estimación las reservas petroleras explotables por YPF en un 30%, para subestimar su valor antes de la venta. Estas reservas reaparecieron en las cuentas tras la privatización, provocando fabulosas ganancias en bolsa a sus nuevos dueños. Según el diario El País [16 febrero 2001 y 8 enero 2002], los beneficios declarados de Repsol-YPF en el año 2000 ascendieron a 404.151 millones de pesetas, de los que el 45% provienen de Argentina.
Peor aún fue el saqueo de Aerolíneas Argentinas (propiedad de SEPI, o sea, Iberia). Sus Boeing 707 fueron "vendidos" por un dólar (US$ 1,54 exactamente), y ahora la compañía privatizada debe pagar un "leasing" por utilizarlos. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, fueron estimados en 60 millones. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de 130 millones de US$, el resto lo constituyó la anulación de créditos de una deuda ficticia y odiosa sin ninguna conexión con el pueblo argentino. Iberia tomó créditos para comprar la empresa y transformó la totalidad de la deuda contraída en deuda de la nueva entidad Aerolíneas Argentinas, que se encontró de golpe al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios, después de que el Estado argentino asumiera las deudas por las que fue privatizada.
Repsol e Iberia no son una excepción: en un alarde de entusiasmo neocolonial, los bancos y las multinacionales españolas han tomado el control de sectores estratégicos de la economía argentina. El BBVA y el BSCH son dueños de Banco Francés y Banco Río de la Plata, respectivamente, pero su poder va mucho más allá: su control del crédito les permite tener un papel dominante en múltiples sectores de la economía. Entre las multinacionales españolas que más poder tienen en Argentina se encuentran Repsol, Telefónica (que en el año 2000 declaró unos beneficios de 384.000 millones de pesetas), Iberia, Aguas de Barcelona (que posee partes de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, varios centros médicos y la constructora Acsa), Endesa (EDESUR y Costanera) y Dragados y Construcciones (Aguas de Misiones y las constructoras Ausol y Dycasa). Estas empresas invierten premeditadamente en sectores estratégicos, pues en un contexto de crisis puede caer la demanda (y por tanto los precios) de todos los productos o servicios prescindibles, pero es difícil prescindir de agua, salud, energía, comunicación, vivienda y movilidad, por lo que los precios se pueden mantener o incluso subir (como quiso hacer Repsol recientemente).
Una parte creciente de la población no puede pagar estos productos y servicios vitales, pero eso forma parte de las reglas del juego capitalista, y siempre quedará gente (aunque sea poca) dispuesta a pagar. Eso explica que las cotizaciones en bolsa de las multinacionales españolas presentes en Argentina no se haya visto apenas afectada por la crisis. La de los bancos ha caído levemente, debido a la devaluación que ellos han contribuido a provocar con sus transferencias masivas de fondos a paraísos fiscales y países occidentales. Más que pequeñas caídas en bolsa, merecen ser expropiados, al igual que las multinacionales.
Un cuarto de siglo después del golpe militar y del comienzo de la era neoliberal, el país está desangrado. El 90% de los bancos y el 40% de la industria se hallan en manos de capitales internacionales, el país está desde julio de 1998 en su más grave recesión, la salud y la educación están hechas jirones, el salario medio (tras descontar la inflación) sólo alcanza a la mitad del de 1974, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población, las cajas del Estado están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa que privatizar y todos los flujos de capital (argentino y extranjero) apuntan hacia el exterior.
Las principales beneficiarias de la explotación que ha puesto al país en esta situación son los bancos y multinacionales extranjeras (especialmente estadounidenses y españolas) y las grandes instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, etc., que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. Casi todos los países del Sur han sufrido atropellos semejantes y son dirigidos por el FMI, las multinacionales y los bancos. Rusia y otros países del Este van por el mismo camino, tras cambiar las burocracias inhumanas del marxismo autoritario por un capitalismo atroz.
El neoliberalismo fue impuesto en Argentina por un régimen dictatorial abiertamente despiadado y fascista que no dudó en asesinar, torturar y desaparecer a decenas de miles de personas para alcanzar su objetivo. Hoy día es mantenido por un sistema global centralizado de poder económico, político y militar, más sutil y menos tangible que Pinochet o Videla, pero igualmente genocida.
Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL)
- esto si que es DEFENDER lo NUESTRO!?
La dictadura militar del general Videla (1976-1981) se caracterizó por una agresiva política de endeudamiento del Estado y de las empresas públicas. El endeudamiento de Argentina era una de las principales prioridades de los intereses extranjeros que estaban detrás de la dictadura: inmediatamente después del golpe militar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un crédito multimillonario a Argentina y declaró a los bancos occidentales que este país era un lugar privilegiado para reciclar el exceso de petrodólares [1]. La dictadura justificó el endeudamiento irracional alegando su necesidad de divisas fuertes para sostener el descabellado aumento de las importaciones, especialmente de armas (compradas a los mismos países y empresas que promovieron el golpe militar y el endeudamiento). Sin embargo, las fortunas enviadas por capitalistas argentinos a países occidentales y paraísos fiscales durante la dictadura suman más que el total de deudas contraídas por Argentina en ese periodo.
Desde el comienzo de la dictadura (marzo de 1976), la deuda externa argentina creció de menos de 8.000 millones de US$ a más de 170.000 millones [2]. Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de US$ en el mismo período, pero la deuda sigue creciendo debido sobre todo a la fuerte subida de intereses decidida por Reagan y Thatcher a comienzo de los 80s.
La dictadura provocó deliberadamente la bancarrota del sector público, preparando el terreno para su privatización. Por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy perteneciente a Repsol-YPF) fue forzada a endeudarse en el exterior, pese a no necesitarlo en absoluto. En el momento del golpe militar, la deuda externa de YPF era de 372 millones de US$. Siete años mas tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de US$. Casi todos los créditos quedaron en manos de la dictadura, que además redujo a la mitad las comisiones que iban a YPF por la venta de combustibles para aumentar sus ingresos. YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, podía haberse dotado de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades, complementando la de sus tres refinerías ya existentes. Al final de la dictadura, YPF estaba asfixiada por las deudas, pese al despido de 13.000 de los 47.000 trabajadores que tenía la empresa en 1976.
De manera general, los créditos multimillonarios contratados por el Estado o las empresas públicas con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. En 1979 el 83% de estas reservas estaban fuera del país. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. El Banco Central argentino fue dirigido durante la dictadura de Videla por Domingo Cavallo, que luego fue ministro de economía con Carlos Menem (del partido peronista) y con De la Rúa (del partido radical). El Secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica de 1976 a 1981, Guillermo Klein, dirigía al mismo tiempo una oficina privada que representaba los intereses de 22 bancos extranjeros [3].
Al final de la dictadura, el Estado asumió las deudas (reales o ficticias) de los capitalistas argentinos y extranjeros. El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, pese a lo cual el gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El estado argentino asumió también las deudas contraídas por filiales argentinas de empresas y bancos multinacionales con sus casas matrices o con bancos internacionales, fácilmente fabricables por un juego de contratos ficticios. Sólo se mantuvieron las deudas que la dictadura impuso sobre las empresas públicas, por lo que Menem esgrimió el argumento de su endeudamiento para privatizarlas, previa transferencia de las deudas al Estado.
Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura no sólo se beneficiaron de la misma clemencia, sino que la mayoría mantuvieron sus puestos y muchos fueron promocionados. Tras la dictadura se creó una comisión parlamentaria para investigar el saqueo del país, que fue disuelta por el mismo Alfonsín pues sus resultados hubieran desacreditado su política económica, que ya había estatizado la deuda privada. Pero una querella presentada por el periodista Alejandro Olmos en 1982 permitió que, 18 años más tarde, la Corte Suprema dictaminase que la deuda tiene por origen un mecanismo de dilapidación y desvío de fondos del que son responsables el Gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional, los banco privados del Norte y la Reserva Federal de EE.UU.
La sentencia (del 13 de julio del 2000) revela que el Estado asumió las deudas de 26 bancos con los que el mismo Estado argentino estaba endeudado, tales como Citibank, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, etc. Señala que "la deuda externa (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país (...) y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día" (p. 195). La Corte Suprema declaró "ilegítima" la deuda contraída por el régimen Videla y recomendó al Congreso utilizar esta sentencia para negociar su anulación. El Congreso ignoró la recomendación, pues los oligarcas que lo componen también se benefician del pillaje: los capitalistas argentinos compran en los mercados financieros norteamericanos y europeos los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo, y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones, liquidando a precios de saldo una gran parte del patrimonio colectivo por su "endeudamiento", un argumento ridículo dado que el Estado asumió esas deudas antes de privatizar las empresas públicas. Nuevamente, miles de millones de dólares fueron transferidos a manos privadas (generalmente norteamericanas y españolas) a través de la colectivización de pérdidas para privatizar beneficios y de manipulaciones que sólo pueden ser descritas como rapiña de bienes públicos. Por ejemplo, la empresa Merril Lynch, a quien Menem encargó la tasación de YPF, redujo deliberadamente en su estimación las reservas petroleras explotables por YPF en un 30%, para subestimar su valor antes de la venta. Estas reservas reaparecieron en las cuentas tras la privatización, provocando fabulosas ganancias en bolsa a sus nuevos dueños. Según el diario El País [16 febrero 2001 y 8 enero 2002], los beneficios declarados de Repsol-YPF en el año 2000 ascendieron a 404.151 millones de pesetas, de los que el 45% provienen de Argentina.
Peor aún fue el saqueo de Aerolíneas Argentinas (propiedad de SEPI, o sea, Iberia). Sus Boeing 707 fueron "vendidos" por un dólar (US$ 1,54 exactamente), y ahora la compañía privatizada debe pagar un "leasing" por utilizarlos. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, fueron estimados en 60 millones. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de 130 millones de US$, el resto lo constituyó la anulación de créditos de una deuda ficticia y odiosa sin ninguna conexión con el pueblo argentino. Iberia tomó créditos para comprar la empresa y transformó la totalidad de la deuda contraída en deuda de la nueva entidad Aerolíneas Argentinas, que se encontró de golpe al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios, después de que el Estado argentino asumiera las deudas por las que fue privatizada.
Repsol e Iberia no son una excepción: en un alarde de entusiasmo neocolonial, los bancos y las multinacionales españolas han tomado el control de sectores estratégicos de la economía argentina. El BBVA y el BSCH son dueños de Banco Francés y Banco Río de la Plata, respectivamente, pero su poder va mucho más allá: su control del crédito les permite tener un papel dominante en múltiples sectores de la economía. Entre las multinacionales españolas que más poder tienen en Argentina se encuentran Repsol, Telefónica (que en el año 2000 declaró unos beneficios de 384.000 millones de pesetas), Iberia, Aguas de Barcelona (que posee partes de Aguas Argentinas y Aguas Cordobesas, varios centros médicos y la constructora Acsa), Endesa (EDESUR y Costanera) y Dragados y Construcciones (Aguas de Misiones y las constructoras Ausol y Dycasa). Estas empresas invierten premeditadamente en sectores estratégicos, pues en un contexto de crisis puede caer la demanda (y por tanto los precios) de todos los productos o servicios prescindibles, pero es difícil prescindir de agua, salud, energía, comunicación, vivienda y movilidad, por lo que los precios se pueden mantener o incluso subir (como quiso hacer Repsol recientemente).
Una parte creciente de la población no puede pagar estos productos y servicios vitales, pero eso forma parte de las reglas del juego capitalista, y siempre quedará gente (aunque sea poca) dispuesta a pagar. Eso explica que las cotizaciones en bolsa de las multinacionales españolas presentes en Argentina no se haya visto apenas afectada por la crisis. La de los bancos ha caído levemente, debido a la devaluación que ellos han contribuido a provocar con sus transferencias masivas de fondos a paraísos fiscales y países occidentales. Más que pequeñas caídas en bolsa, merecen ser expropiados, al igual que las multinacionales.
Un cuarto de siglo después del golpe militar y del comienzo de la era neoliberal, el país está desangrado. El 90% de los bancos y el 40% de la industria se hallan en manos de capitales internacionales, el país está desde julio de 1998 en su más grave recesión, la salud y la educación están hechas jirones, el salario medio (tras descontar la inflación) sólo alcanza a la mitad del de 1974, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población, las cajas del Estado están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonado y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa que privatizar y todos los flujos de capital (argentino y extranjero) apuntan hacia el exterior.
Las principales beneficiarias de la explotación que ha puesto al país en esta situación son los bancos y multinacionales extranjeras (especialmente estadounidenses y españolas) y las grandes instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, etc., que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. Casi todos los países del Sur han sufrido atropellos semejantes y son dirigidos por el FMI, las multinacionales y los bancos. Rusia y otros países del Este van por el mismo camino, tras cambiar las burocracias inhumanas del marxismo autoritario por un capitalismo atroz.
El neoliberalismo fue impuesto en Argentina por un régimen dictatorial abiertamente despiadado y fascista que no dudó en asesinar, torturar y desaparecer a decenas de miles de personas para alcanzar su objetivo. Hoy día es mantenido por un sistema global centralizado de poder económico, político y militar, más sutil y menos tangible que Pinochet o Videla, pero igualmente genocida.
Comité de Solidaridad con América Latina (COSAL)
- esto si que es DEFENDER lo NUESTRO!?
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